Trinidad Perdiguero. El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas ha solicitado a la Junta la cesión de los 150.000 metros cuadrados de suelo que posee en la localidad y una indemnización de más de tres millones de euros (500 millones de pesetas), en compensación por el terreno que fue segregado del municipio a favor de Tocina hace cuatro años, en la pedanía de Los Rosales. La reivindicación se ha hecho llegar a las consejerías competentes, que están valorando el suelo, y se trasladará en los próximos días a todos los grupos parlamentarios andaluces para que presenten en la Cámara una moción no de ley al respecto. Según explicó el gerente de la Sociedad Local de Desarrollo, Antonio Herrera, la segregación se produjo por un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, basándose en la mayor cercanía del núcleo urbano de Los Rosales a Tocina, que ya prestaba de hecho algunos servicios y que hizo una petición expresa. En total fueron 170 hectáreas las que cambiaron de titularidad. Aunque la ley prevé que en casos de este tipo el ayuntamiento sea compensado y hubo un compromiso expreso, Villanueva del Río y Minas aún no ha tenido contraprestaciones. Herrera recuerda también que, en su día, todos los grupos políticos de la Diputación aprobaron una moción apoyando estas medidas. Las 170 hectáreas que se piden ahora corresponden a los terrenos donde se ubica la fábrica del corcho Sierra-Cork -participada por el IFA-, un poblado cercano con más de 80 viviendas que son titularidad de la Consejería de Obras Públicas y una finca. En opinión de los responsables locales, ésta es una distribución "muy similar" a la que Villanueva perdió en Los Rosales. En cuanto a la cantidad económica que se reclama, se ha establecido sobre la base de lo que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar por impuestos (IBI y licencias de obras) en los terrenos que le fueron segregados y en los que se ubica la antigua fábrica de la Azucarera. Herrera insistió en que el Consistorio está dispuesto a negociar, incluso a que la Junta de Andalucía ponga un precio de venta "razonable" y que el pago se compense con la deuda que tiene la Administración autonómica con la localidad. Sería una solución similar a la que se cerró hace más de un año con la sociedad estatal Improasa, propietaria hasta entonces del patrimonio de Minas de la Reunión, es decir, casi todo el término municipal y sus infraestructuras incluidas. Pese a que han pasado unos años desde que se materializó la segregación, quedan flecos pendientes. En los tribunales sigue abierto el proceso iniciado por Tocina que, frente a las 170 hectáreas que recibió de Villanueva reclama otras 1.500. Antonio Herrera explicó que en su día no se le concedieron porque no estaba justificada la necesidad de prestación de servicios a una población, al ser suelo rústico o agrícola.
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