Próxima inauguración.

Los cinco socios particulares de Sierracork, todos ellos andaluces, y Egmasa ultiman la apertura de la planta de transformación de corcho para el próximo mes.

La inversión final ronda los 600 millones de pesetas. Sierracork asegura que el objetivo de su proyecto es el de "certificar la calidad de todo el proceso de fabricación de los tapones de microaglomerado, desde la recogida del corcho en las explotaciones hasta la obtención del producto final".

La planta de la polémica está situada en la comarcal A-431, en el término de Villanueva del Río y Minas, en la carretera sentido Cantillana a Alcolea del Río.

El corcho se destapa

Denuncia contra Egmasa.- Las perspectivas de negocio en el sector transformador provocan un enfrentamiento entre los industriales del corcho y la Junta de Andalucía.

El negocio de la transformación del corcho se ha convertido en objeto de deseo de los empresarios andaluces. Sólo en la provincia de Sevilla se ha multiplicado por 15 la producción comercializada en 1985, cercana a los 25 millones de tapones al año, según los datos ofrecidos por la asociación de industriales del corcho (Apica), que preside Héctor Morell.

Las cinco fábricas que operan en Sevilla, localizadas en Villanueva de la Concepción, Cazalla, Santiponce y El Pedroso, transforman y venden más de 300 millones de tapones para vino al año y más de 600 millones de arandelas de corcho natural para tapones de champán. En total, Sevilla manufactura 11.500 toneladas de corcho de campo, lo que representa el 25 por ciento de la producción de Andalucía, porcentaje que se eleva al 35 por ciento incluyendo la producción de Cádiz y Huelva.

Este organismo esta dispuesto a defender su negocio contra viento y marea y, por eso, ultima la denuncia que presentará en el Tribunal de la Competencia de Bruselas contra la empresa pública Egmasa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, a la que acusa de "competencia desleal". Según argumenta el presidente de Apica, la entrada de Egmasa en la empresa Sierracork -ubicada en Villanueva del Río y Minas- con el 48 por ciento del capital supone que dicha empresa privada disfrute de información privilegiada -ya que Egmasa administra más del 30 por ciento del corcho público de Andalucía- y de asesoramiento jurídico extraordinario, además de unos terrenos de una antigua fábrica de cementos de la Confederación Hidrográfica sin coste alguno. "Esto nos hace pensar que tanto Sierracork como Egmasa están actuando al borde de la línea entre la legalidad y la ilegalidad", sentencia Morell.

El sector industrial confirma que ha intentado llegar a un acuerdo con Egmasa, pero "sólo se han limitado a remitirnos una carta donde nos dicen que no nos dan información sobre Sierracork porque es una empresa privada que actúa como tal", apunta Héctor Morell.

La visión de la polémica por parte de las empress denunciadas es bien distinta. En primera lugar, fuentes de Egmasa aseguraron que la política de la empresa es la de fomentar que el valor añadido de las producciones andaluzas, en este caso del corcho, se quede en Andalucía. Y también despliega su batería de datos: el 49 por ciento de la superficie de alcornoques en España es andaluza, mientras que sólo el 17 por ciento se manufactura en la comunidad. "Cuando consigamos que el sector privado se intereses por este sector, Egmasa se retirará de Sierracork", apuntan las fuentes citadas.

En cuanto a los terrenos, Egmasa aclara que eran de la Junta de Andalucía y que ésta los cedió "lo que es práctica habitual" al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, que a su vez los cedió por 50 años a Sierracork, después de que ésta ganara el concurso al mejor proyecto empresarial para poner en marcha una empresa de transformación de corcho. Los industriales del corcho se reunirán en las próximas semanas para dar un ultimátum a la empresa pública medioambiental. "Esperamos que recapacite", concluye Morell. Carlota Muñoz.-Sevilla            volver